Prensa y Difusión

 

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"Durante 23 días la muestra de sangre estuvo en La Matanza y pasó a científica de La Plata. La fiscal nos manifestó que estaba indignada porque tenía agua. El tubo de ensayo venía violentado y tenía agua en cantidades inusuales", aseveró Ontiveros en diferentes medios nacionales en la jornada de ayer. El asesino al volante, Diego Cuevas, sigue libre.

El Secretario de la ONG "Malditas Picadas" explicó que "esto seguramente viene del entorno de Cuevas. La fiscal, Valeria Courtade, habló conmigo ayer y determinó armar una causa paralela para ingestigar. Obviamente, desfilarán por Tribunales todas aquellas personas que participaron de la extracción de sangre".

El abogado penalista además sostuvo que "luego del accidente el juez liberó al conductor que mató y, tranquilamente, pudo haber sostenido la prisión preventiva. Pues no lo hizo".

Y agregó: "Trabajamos denodadamente con otro de los abogados de la causa para que Diego Cuevas vaya a prisión".

El Dr. Dieguez Ontiveros contó cómo sigue el estado de Cristian, otro de los jóvenes que resultó muy afectado tras el impacto contra el Nissan de Cuevas. "Cristian está con pronóstico reservado, tratando de salir del coma inducido. Tuvo varias intervenciones. Respondió a estimulos. Pero, de todos modos, la está peleando", dijo y, rápidamente, señaló: "Hay un dolor inmenso porque, además, eran todos amigos y hace pocas horas conocemos la segunda muerte. Las familias están destrozadas".

Ratificó: "No voy a permitir que esta adulteración quede en la nada. Todos los que participaron y debieron velar por la cadena de custodia de la sangre deberán desfilar por tribunales a dar explicaciones. Y si hay una cadena de silencio mafioso la descubriremos. No obstante lo dicho anteriormente, la forma en que venía conduciendo Cuevas en competencia con otros vehículos, la ingesta previa de alcohol señalada por los propios amigos del homicida junto por el notable desprecio por la vida y la salud ajena, alcanzan para cambiar la carátula criminal y lograr la privación de la libertad". 

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Entrevistado por FM Fribuay, el abogado y Presidente de la ONg Malditas Picadas habló sobre el caso de la picada mortal de Haedo, donde murió una persona y seis resultaron heridas de gravedad. Enterate de todo en esta nota.

Ni bien comenzó la nota radial, el letrado explicó cómo nació la ONg que preside contra las picadas. "El 16 de junio de 2008, Victor Altamirano atropelló y mató a Matías Pato Cardozo en San Martín, en la Av. Presidente Perón. Esto ocurrió un sábado a la noche y se suscitó cuando tres vehículos venían picando y uno de sus conductores, Victor Altamirano, atropella a Pato y, posteriormente, también se da a la fuga. Luego, lo encontraron a unas pocas cuadras. Tras ese dolor, la familia se volcó con un espíritu esperanzador para avanzar hacia una forma organizativa de hacer justicia y así fue como nació Malditas Picadas. A partir del dolor y continúa con el fin de luchar".

Respecto a las picadas en general, Dieguez sostuvo que "el sistema penal da pocas respuestas a todo esto. Y se termina calificando como homicidio culposo".

"Nosotros, después de cuatro años, llevamos a juicio oral a Altamirano (el asesino de Pato Cardozo) y se lo calificó como homicidio simple con dolo eventual", amplió en su declaración.

Contó que "el precedente de Pato generó que la Cámara de Casación transformase lo que era un homicidio culposo en algo simple con dolo eventual".

Puntualmente del hecho gravísimo que se suscitó en Haedo, el fin de semana pasado. "Los municipios entienden que es una falta de tránsito nomás. Pero tienen que aplicar las leyes", dijo y, rápidamente, se preguntó: "La policía de Morón no se da cuenta que corren picadas en Av. Rivadavia o, mismo, en Gaona?".

El Dr. Diego Dieguez Ontiveros remarcó que las personas que participan de las picadas "tienen un desprecio por la vida muy marcado. Van más allá de los límites y, obviamente, competir en un lugar prohibido, como la calle, es una falta que ellos conocen y bien".

Y señaló: "Para que las picadas ocurran tiene que existir la connivencia entre la Policía y los Directores de Tránsito municipales".

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Publicado por el en Prensa y Difusión

La llamada causa Nisman, independientemente del notable efecto político que provocara, nos deja un sinnúmero de ejemplos de desidias cotidianas dentro del poder judicial y las fuerzas de seguridad.

Es el ciudadano de a pie quien presencia atonito los cruces y reclamos del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El resultado es la inacción o la deficiencia procedimental en perjuicio de las victimas, su entorno familiar y el judiciable en general ya que las mismas deficiencias, omisiones o connivencias hacen que el procedimiento en materia de seguridad detente una gran crisis.

Es evidente que existen en el país un sinnúmero de estrategias de abordaje de la política criminal. Se percibe cierta desconexión o ausencia de planeamiento integral que se proyecta en políticas erráticas y compulsivas ante la desgracia instalada. En ocasiones algunos medios de comunicación colaboran en la magnificación del conflicto pero lo concreto es que la sensación de inseguridad se condice (en menor o mayor medida) con hechos concretos de hurtos, robos, violencias físicas , amenazas y muertes.

El conurbano bonaerense, como el de Cordoba, Santa Fe o Mendoza muestran niveles de violencia que afectan el normal desarrollo de la vida en comunidad. La anécdota acerca de haber sido victima de un hecho delictuoso paso a ser cada vez mas recurrente en el dialogo ciudadano. Y de esa manera adquirió una centralidad en el reclamo al Estado en su conjunto .

Tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial hoy se encuentran en el banquillo de los acusados por parte de la ciudadanía activa e indignada. Mas alla de aciertos parciales en la persecución y baja de ciertos delitos en diferentes regiones o municipios entendemos que las soluciones mágicas no existen. Y en la medida que la lucha no sea común e integrada los delincuentes se seguirán beneficiando en la coyuntura.

Sabemos también que de la crisis no se sale inundando de cámaras de seguridad los barrios ya que no tenemos constancia de la eficiencia y profesionalismo de quienes monitorean las mismas. De hecho en algunos sectores del conurbano pareciera que ni siquiera disuaden.

Tampoco se avanza acumulando efectivos policiales ni comprando patrulleros si no se planifica una logística adecuada según las necesidades de cada localidad. Y menos con “soluciones importadas”.

Para los que ejercemos la profesión independiente no nos resulta extraño la carencia de ciertos recursos criminalisticos en las fiscalías o juzgados penales; pero tampoco podemos dejar de denunciar la resignación de muchos funcionarios judiciales ante lo evidente y la consecuente retroalimentación del fenómeno negativo. Y asi dentro del esquema de las fuerzas de seguridad. 

La llamada “grieta” social no es cuestión solamente de los enfrentamientos políticos o ideologicos. Las diferentes crisis en el sistema de seguridad ciudadana vienen de antaño y representan la acumulación de la corrupción, la desidia y el desinteres (o intereses selectivos) en los diferentes niveles de responsabilidad política. 

Las violencias cotidianas (la forma en que conducimos nuestros vehículos, el destrato de genero , la discriminación , la agresión verbal, la prepotencia, el autoritarismo, entre otras manifestaciones) también segmentan a la población y conducen a la construcción de una sensación de insatisfacción y descreimiento en el futuro.

La exigencia hacia nuestros representantes no se agota en la concurrencia al proceso electoral. Las formas de participación ciudadana son variadas (foros de seguridad, redes sociales, militancia política, servicio social religioso o laico, organizaciones no guberanmentales, asociaciones sin fines de lucro pero con fines filantrópicos , etc) y conforman el eje sobre el cual debemos refundar el pacto político con nuestra clase dirigencial. 

Hacer oir nuestra voz es mas accesible que en décadas pasadas. Paradogicamente los resultados parecieran no verse en el corto plazo a pesar de esas facilidades. 

Y la respuesta siempre estará en la necesidad de políticos comprometidos que caminen nuestras calles y nuestros problemas. Con nuevas miradas, dejando atrás los viejos atavíos de encumbrados funcionarios apoltronados en sus escritorios. 

La Democracia se fortalece en cada acto ciudadano, en cada resolución de nuestros representantes , en las guardias de los hospitales, en las aulas, en las plazas, en nuestros trabajos y en la mesa del domingo.

 

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Contribución de Adv Dr. Diego Dieguez Ontiveros quien asistió a los debates de mesa organizado por ABCOP y el iPad " judicialización de las Elecciones en la América Latina , " la Sexta Cumbre Mundial de Comunicación Política , celebrado el pasado mes de diciembre en la ciudad de México . - DF

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Uno de los temas que conmueven los tiempos políticos, en especial en periodos eleccionarios, es el protagonismo que detenta el Poder Judicial y en especial el fuero penal.

 

Desde el advenimiento de la democracia en el país y luego del genocidio padecido a manos de la dictadura que reino en Argentina entre los años 1976 y 1983 el tema de “lo jurídico” adquirió un rol esencial en el imaginario colectivo. La Justicia es la que quito el velo sobre los crímenes de lesa humanidad en el país y evidencio las estrategias corruptas de los funcionarios militares diseñadas  también para fortalecer económicamente su “epopeya de horror”.

 

La clase política re surgió con programas de campaña tendientes a posicionarse desde la honestidad y transparencia. Esas dos palabras adquirieron un valor esencial en el análisis popular de las “conductas funcionales” de quienes ocupan los cargos públicos en la totalidad del organigrama de la administración estatal.

 

Es en ese marco de control cívico que la transgresión de cualquier tipo se vuelve, con justeza, REPROCHABLE.

 

La utilización del sistema judicial como “rector” de decisiones relevantes de la democracia en el país adquirió en los últimos tiempos un rol decisivo en el ejercicio de la política y el proselitismo.

 

Ciertos tribunales y sus sentencias, llamados a indagatorias, imputaciones, procesamientos, declaraciones de prensa de fiscales, jueces y abogados defensores o querellantes se han vuelto parte del espacio de la política hasta hacerse INSEPARABLES.

 

Y es en esa circunstancia instalada donde se abren los frentes de discusión: la reacción crítica de la clase política sobre el poder de los jueces y la oposición  de los mismos quienes les recuerdan que muchas de las respuestas que los denunciantes les requieren ese poder del estado no las puede otorgar.

 

La opinión pública condicionada por la opinión “publicada” deriva entonces en atribuir  responsabilidad sobre importantes decisiones legislativas o ejecutivas a un “poder” que no es el apropiado o constitucionalmente designado para resolverlas.

 

El Poder Judicial ocurre como contralor constitucional de los otros poderes y debe actuar más no con el exceso y las presiones en que hoy día se encuentra. Basta con leer los comunicados de las Procuraciones nacionales y provinciales, sus sentencias, las desestimaciones de ciertas denuncias penales, rechazo o convalidaciones de amparos a decisiones legislativas, etc. para comprender como se definen jurisdicciones y potestades en forma enérgica, exhortando a no manipular el sistema de justicia para dirimir cuestiones a sabiendas de lo improcedente de la vía elegida.

 

Pero debemos destacar que también en el seno de la Justicia se mueven intereses políticos o bien sus representantes son “afines” o “detractores” del gobierno de turno (en todos los estamentos estatales). Es entonces que se produce en el imaginario social o en los medios de comunicación un juzgamiento de los jueces o fiscales que “colaboran” en este maremágnum de confusión.

 

Muchas veces la instalación del estigma de “corrupto y delincuente” basta a quienes instan esa acusación ante los fueros tribunalicios, abandonando luego las acciones tras entender que el objetivo estaría cumplido…

 

La verdad jurídica entonces queda desplazada por la verdad histórica o política.

 

Quienes hoy son victimarios mañana pasan a ser víctimas, denunciantes o denunciados, actores o demandados…

 

En ocasiones el rol determinante del Poder Judicial es la resultante de la inacción de los otros poderes. Esa omisión o violación de las obligaciones funcionales conmina a la Justicia a tomar cartas sobre el asunto.

 

Vale decir que de una u otra manera la política se judicializa y la responsabilidad de tal situación no deriva de otro espacio que no sea de la misma política.

 

Temas como la ley de medios y su efectiva aplicación, las leyes anti monopólicas, el cuidado del medio ambiente, la transparencia en el accionar administrativo, el derecho a la información, la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en la población civil, entre otros, caen en manos de los tribunales por varias razones; entre ellas podríamos señalar el temor de asumir un costo mediático o también llamado “costo político de la decisión” por parte del poder ejecutivo, la indiferencia institucional a conflictos que no aportan resultados electorales o “no suman votos” y la lentitud o parsimonia legislativa ante circunstancias de hecho y de derecho que afectan la institucionalidad.

 

Hasta aquí un breve análisis de la temática que no hace otra cosa que invitarlos a pensar, a asumir el espíritu crítico que nos permite evolucionar en el conocimiento y entender  el devenir de una joven democracia.

 

Dr. Diego Dieguez Ontiveros

 

Director de Paralelo-Cero

 

Organizador VII Cumbre Mundial de Comunicación Política

 

@Diego_Dieguez  @cumbre2015

Fuente: http://gazetadasemana.com.br/

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