Judicialización de la política en Argentina

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Contribución de Adv Dr. Diego Dieguez Ontiveros quien asistió a los debates de mesa organizado por ABCOP y el iPad " judicialización de las Elecciones en la América Latina , " la Sexta Cumbre Mundial de Comunicación Política , celebrado el pasado mes de diciembre en la ciudad de México . - DF

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Uno de los temas que conmueven los tiempos políticos, en especial en periodos eleccionarios, es el protagonismo que detenta el Poder Judicial y en especial el fuero penal.

 

Desde el advenimiento de la democracia en el país y luego del genocidio padecido a manos de la dictadura que reino en Argentina entre los años 1976 y 1983 el tema de “lo jurídico” adquirió un rol esencial en el imaginario colectivo. La Justicia es la que quito el velo sobre los crímenes de lesa humanidad en el país y evidencio las estrategias corruptas de los funcionarios militares diseñadas  también para fortalecer económicamente su “epopeya de horror”.

 

La clase política re surgió con programas de campaña tendientes a posicionarse desde la honestidad y transparencia. Esas dos palabras adquirieron un valor esencial en el análisis popular de las “conductas funcionales” de quienes ocupan los cargos públicos en la totalidad del organigrama de la administración estatal.

 

Es en ese marco de control cívico que la transgresión de cualquier tipo se vuelve, con justeza, REPROCHABLE.

 

La utilización del sistema judicial como “rector” de decisiones relevantes de la democracia en el país adquirió en los últimos tiempos un rol decisivo en el ejercicio de la política y el proselitismo.

 

Ciertos tribunales y sus sentencias, llamados a indagatorias, imputaciones, procesamientos, declaraciones de prensa de fiscales, jueces y abogados defensores o querellantes se han vuelto parte del espacio de la política hasta hacerse INSEPARABLES.

 

Y es en esa circunstancia instalada donde se abren los frentes de discusión: la reacción crítica de la clase política sobre el poder de los jueces y la oposición  de los mismos quienes les recuerdan que muchas de las respuestas que los denunciantes les requieren ese poder del estado no las puede otorgar.

 

La opinión pública condicionada por la opinión “publicada” deriva entonces en atribuir  responsabilidad sobre importantes decisiones legislativas o ejecutivas a un “poder” que no es el apropiado o constitucionalmente designado para resolverlas.

 

El Poder Judicial ocurre como contralor constitucional de los otros poderes y debe actuar más no con el exceso y las presiones en que hoy día se encuentra. Basta con leer los comunicados de las Procuraciones nacionales y provinciales, sus sentencias, las desestimaciones de ciertas denuncias penales, rechazo o convalidaciones de amparos a decisiones legislativas, etc. para comprender como se definen jurisdicciones y potestades en forma enérgica, exhortando a no manipular el sistema de justicia para dirimir cuestiones a sabiendas de lo improcedente de la vía elegida.

 

Pero debemos destacar que también en el seno de la Justicia se mueven intereses políticos o bien sus representantes son “afines” o “detractores” del gobierno de turno (en todos los estamentos estatales). Es entonces que se produce en el imaginario social o en los medios de comunicación un juzgamiento de los jueces o fiscales que “colaboran” en este maremágnum de confusión.

 

Muchas veces la instalación del estigma de “corrupto y delincuente” basta a quienes instan esa acusación ante los fueros tribunalicios, abandonando luego las acciones tras entender que el objetivo estaría cumplido…

 

La verdad jurídica entonces queda desplazada por la verdad histórica o política.

 

Quienes hoy son victimarios mañana pasan a ser víctimas, denunciantes o denunciados, actores o demandados…

 

En ocasiones el rol determinante del Poder Judicial es la resultante de la inacción de los otros poderes. Esa omisión o violación de las obligaciones funcionales conmina a la Justicia a tomar cartas sobre el asunto.

 

Vale decir que de una u otra manera la política se judicializa y la responsabilidad de tal situación no deriva de otro espacio que no sea de la misma política.

 

Temas como la ley de medios y su efectiva aplicación, las leyes anti monopólicas, el cuidado del medio ambiente, la transparencia en el accionar administrativo, el derecho a la información, la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en la población civil, entre otros, caen en manos de los tribunales por varias razones; entre ellas podríamos señalar el temor de asumir un costo mediático o también llamado “costo político de la decisión” por parte del poder ejecutivo, la indiferencia institucional a conflictos que no aportan resultados electorales o “no suman votos” y la lentitud o parsimonia legislativa ante circunstancias de hecho y de derecho que afectan la institucionalidad.

 

Hasta aquí un breve análisis de la temática que no hace otra cosa que invitarlos a pensar, a asumir el espíritu crítico que nos permite evolucionar en el conocimiento y entender  el devenir de una joven democracia.

 

Dr. Diego Dieguez Ontiveros

 

Director de Paralelo-Cero

 

Organizador VII Cumbre Mundial de Comunicación Política

 

@Diego_Dieguez  @cumbre2015

Fuente: http://gazetadasemana.com.br/

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